12-08
CONTEMPLACION RIESGOSA
La necesidad de proteger a la gente y a las cosas ha sido siempre importante y cara en la historia de la humanidad. Diversos órdenes institucionales se han planteado para ello a lo largo de los siglos. El medioeval por ejemplo, ha sido uno: todo se organizaba en torno al señor feudal, quien proveía de la necesaria seguridad a la plebe, a “sus clientes”. Pero también es de recordar de ese entonces, lo que hoy nos viene al caso: el surgimiento de los bancos. Ellos aparecieron por la necesidad de la gente o de grupos de lograr protección o custodia para su oro y para otros valores similares. La primera función que desarrollaron los bancos en su historia de siete siglos ha sido la de realizar la custodia de valores –incluso de ser banca es que deriva la palabra banco-. Hoy esa función no es tan elevante y los ingresos que las instituciones de un sistema bancario moderno obtienen por custodia de valores son sensiblemente más bajos que los que reciben por el cumplimiento de otras tareas y por la venta de otros servicios financieros. Función tradicional Cuidar oro acicateó al ingenio de los banqueros, personas que, justo es decirlo, deben estar en permanente búsqueda de nuevas actividades para evitar desaparecer ante la competencia furibunda que existe en el sector en todas partes. Al ver que el oro no era retirado por mucho tiempo de sus arcas y observar que por otro lado existía demanda por el metal, los banqueros decidieron ampliar su negocio y además de cobrar por la custodia, repararon en la posibilidad de prestarlo a quienes lo necesitaban y obtener, por ese préstamo, un ingreso adicional. Obviamente, para preservar la liquidez para los casos que algunos fueran a retirar su oro, los banqueros originales mantenían una reserva técnica en sus arcas, algo que hoy podríamos asimilar a un encaje técnico. Esta segunda es la tradicional función de los bancos, la de intermediar entre los que ahorran –hoy dinero- y los que desean emplear al banco para ordenar su actividad transaccional, y los que necesitan recursos monetarios para realizar sus actividades productivas y de inversión –los que demandan préstamos-. Aunque en los sistemas desarrollados las instituciones bancarias realizan operaciones muy variadas –desde intermediar en el comercio exterior hasta manejar la caja de las empresas, pasando por la intervención en la colocación y administración de pasivos de firmas y países, por la administración de carteras personales, por la participación en reestructuras de capital y en otras actividades por el estilo-, es la función tradicional la que en nuestro país predomina. Los bancos aportan cierto capital, toman dinero de sus clientes a la vista o a plazo y lo prestan al gobierno, a las empresas y a los individuos que lo necesiten. En ese proceso de intermediación bancaria, las instituciones actúan de manera multiplicativa. En el caso de la moneda nacional, los bancos pueden prestar aquella parte de la totalidad de los billetes y monedas que están en circulación fuera del Banco Central y que el público y las empresas colocan en depósitos. Pero ocurre algo curioso que es familiar para los economistas y administradores de empresas y que no lo es tanto para el común de la gente ni para los que se encargan de legislar. Luego que un banco presta su capital o parte de él, sólo puede expandir su actividad de prestamista si recibe depósitos en dinero. Los depósitos que recibe no los presta en su totalidad sino que guarda parte como reserva técnica por si alguno de los que depositaron realiza un retiro. Quienes reciben los préstamos o quienes de ellos reciben pagos, terminan depositando ese dinero en otros o en el mismo banco. Éstos, al recibir esos depósitos vuelven a prestarlo siempre dejando, por supuesto, la reserva técnica correspondiente. Y el proceso sigue de ese modo con la cantidad de billetes y monedas en circulación siendo la misma, la original. Los bancos multiplican (pero no expanden) los billetes y monedas emitidos por el Banco Central creando medios de pago adicionales al extender libretas de cheques contra los depósitos que reciben a la vista. Cuando hablamos de medios de pago en una economía no estamos hablando de otra cosa que de la suma de los billetes y monedas que circulan más los depósitos a la vista contra los que se pueden girar cheques por quienes los han realizado. En el caso de la moneda extranjera, los depósitos en dicha moneda sirven también para conceder préstamos y éstos crecen con los depósitos también por la actividad multiplicadora de los bancos, en este caso, por la actividad multiplicadora de los depósitos recibidos. Pero por otro lado están los préstamos concedidos que como se podrá observar por lo que se indicara, superan abiertamente a los billetes y monedas en circulación por lo que si se desearan pagar todos al mismo tiempo, ello sería imposible.

Ejercicios teórico
Supongamos que los depositantes decidieran, como ocurriera entre los meses de febrero y julio de 2002, retirar la mitad del total de los depósitos en los bancos del sistema. Para hacer frente a los retiros, éstos bajarían primero su reserva técnica, la caja que mantenían por motivo de precaución. Al extenderse la “corrida”, entonces los bancos comienzan a apretar a sus clientes para que repaguen sus deudas. Se les pondría a éstos, en una situación difícil para devolver los préstamos pero es una reacción inevitable de los bancos que deben financiar a los retiros. Si no es posible la devolución de los préstamos, es imposible que con sus reservas los bancos puedan pagar los depósitos que se les van y entonces deben pedir prestado a otros bancos o a sus casas matrices en el exterior para cumplir con los ahorristas –fue la que ocurrió en 2002-. El proceso para que se pueda pagar la reducción de los depósitos con la baja de prétamos, es opuesto al de la multiplicación, es incomparable con éste en el sentido que los depósitos se van mucho más rápidamente, especialmente en una “corrida”, que lo que se repagan los créditos a los bancos. Es entonces que, como en el 2002, para honrar los compromisos con sus depositantes los bancos deban recurrir a la liquidez que le proveean sus dueños o reprogramar la devolución de sus depósitos acompasándola con el repago de los préstamos –como se hizo con los depósitos de los bancos oficiales-. A partir de entonces, la acción natural de los bancos es la de recomponer su liquidez para repagar el aporte de sus accionistas ya que por otro lado éstos ven que su aporte se debió hacer como “puente” hasta el momento en que se renueven los flujos de repago de deudas de las empresas. Los bancos procurarán entonces encauzar los repagos problemáticos reestructurando los pasivos empresariales de las empresas que entiendan que sean factibles de generar esos repagos en plazos razonables y en los casos restantes, procederán a la ejecución de las garantías. Se trata este proceso, del que se da naturalmente bajo las condiciones planteadas. Supongamos otra situación. Que contemplando las dificultades de los deudores, se decida legislativamente suspender las ejecuciones de las garantías. Adicionalmente, supongamos que esa suspensión es simplemente un corrimiento en el tiempo pues no implica programas forzosos de reestructuración de pasivos. En estos casos se observa que la suspensión tiene varias derivaciones. En primer lugar lo que hace es simplemente postergar la ejecución que de todos modos, más tarde o más temprano, tendrá lugar. Y eso tiene como consecuencia que se le exige mayor esfuerzo pecuniario al dueño del banco para enfrentar los retiros u obliga a reprogramar la devolución de los depósitos o simplemente a liquidar a la institución. En segundo lugar, si los retiros se hubiesen frenado, la decisión legislativa incita a que se renueven pues los depositantes verán que no todas las fuentes de recursos de los bancos estarán disponibles para pagar los depósitos. En tercer lugar, los inversores en general verán que el riesgo de invertir en el país es mayor debido a que desde esferas políticas se pueden modificar las condiciones de los contratos entre privados e incluso entre privados y el estado. En otras palabras, que legislativamente se puede interceder y desconocer los derechos de propiedad de alguno o de todos los contratantes. Supongamos ahora que además de suspender ejecuciones el gobierno fija términos obligatorios de refinanciación de deudas. A lo que vimos antes se agregan nuevos problemas. La decisión incita al no pago de las obligaciones tal cual se pactaran originalmente y no sólo las de las empresas y personas cuyos flujos libres de caja no den para honrar sus compromisos en plazos razonables, sino también las de aquellos cuyos flujos sí den pero que ven que sus competidores obtienen ventajas. Esa reacción requerirá también un mayor esfuerzo pecuniario de los bancos para enfrentar la realidad de sus depósitos, acelerará un eventual proceso de reprogramación de devolución o de liquidación. Por supuesto, la decisión legislativa agrava la percepción adversa de los ahorrista que los bancos pueden no dar respuesta a sus retiros en la medida en que hay gran descalce entre los depósitos a corto plazo y los activos de los bancos reestructurados forzosamente a mediano y largo plazo.

Contemplación peligrosa
Las situaciones planteadas son sólo algunas de las que se podrían dar en la realidad, pero son sin dudas las más importantes. El peligro de contemplar a los deudores –como se persigue en este período de elecciones por algunos legisladores nacionales- es que se atenta contra la estabilidad de los acreedores en el corto plazo y se imponen limitaciones fuertes a las inversiones futuras en el país. Las consecuencias pueden ser una salida de bancos del sistema –o su quiebra-, la salida de los depósitos no transaccionales que tardarían mucho tiempo en retornar –o la reprogramación de los depósitos-, y la falta de credibilidad en los contratos que pasarán a tener los inversores que limitarán su presencia en el mercado uruguayo.
Por:Jorge Caumont
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