29-07
"BUENOS" Y "MALOS" EN ESTE AÑO ELECTORAL
Diversos estudios académicos, aunque también otros de analistas económicos y de periodistas inclinados hacia la economía, han probado que los años electorales son proclives a desbordes del gasto público. Esos excesos de egresos, generalmente realizados para elevar directamente el nivel de la demanda agregada y así arrastrar con más fuerza al nivel de actividad productiva y de comercio exterior en el año electoral, en última instancia persiguen que se tenga un buen recuerdo del gobierno saliente incluso para que se pueda capitalizar por éste en futuras confrontaciones comiciales. En Uruguay, con una excepción, los resultados de esa práctica han sido lamentables: el ritmo de déficit fiscal ha progresivamente aumentado y han sido necesarios ajustes fiscales –baja de gastos y suba de impuestos inmediata o diferida- en el año inicial del nuevo gobierno, haya sido o no del mismo color partidario que el del presidente que dejaba la administración.

La teoría
Es sumamente discutible que el incremento del gasto público pueda tener un efecto expansivo de la producción y del nivel de actividad que dure más allá del efímero momento en que se realiza y que sea incluso igual al de los montos que se usan para ello. Cualquiera sea el sistema cambiario que se emplee, la economía reacciona en breve, en el sentido opuesto al deseado, en especial cuando el déficit que se genera es tal que es difícil de financiar de manera permanente sin recurrir al impuesto inflacionario. Y ello obliga, inexorablemente, al poco tiempo, a los ajustes con recortes de los componentes del propio gasto público o al alza de los impuestos, con los efectos recesivos que para ser compensados, muchas veces obligan a devaluaciones de la moneda local o a ritmos de depreciación del peso mayores a los anteriores y en definitiva al alza de precios. La inestabilidad que se crea es tal que en última instancia implica una volatilidad constante de las condiciones para invertir en los diferentes sectores de la economía tanto en actividades orientadas al mercado interno como al del exterior. Es por ello entonces, que el desempleo tiene sus altibajos al igual que el salario real medio de la economía, y que ellos sean alrededor de una tendencia creciente del primero cuando se eliminan los ciclos quinquenales en que los déficits se producen. Las transferencias de ingresos que genera el tipo de gasto público exagerado en años de elecciones rápidamente se vuelve en contra de los propios beneficiarios del aumento que son en definitiva quienes más sufren los ajustes posteriores. De todos modos, muchos uruguayos piden más gasto público tanto en los períodos que hablamos como también en otros en los que la economía está en receso o en depresión, como fuera la situación del segundo semestre de 2002 y del primero de 2003. La tarea fundamental de un Ministerio de Economía es, a mi juicio, ser un Ministerio de Hacienda y, como tal debe resistir todo aquello que se traduzca en desequilibrios negativos de sus finanzas. Y ello no solamente para proteger a la comunidad de los efectos posteriores anotados sino también para evitar supeditar luego todo programa económico, al objetivo –en realidad debería ser un instrumento para alcanzar otros fines- de recobrar la estabilidad financiera del sector público y postergar indefinidamente situaciones consistentes con el crecimiento de mediano plazo. Aunque se ha progresado en los últimos años, en economías como la nuestra todavía no es muy clara la distinción de funciones que debe haber entre un Ministerio de Economía, una Oficina de Planeamiento y un Banco Central. Cada uno tiene su función específica pero aquí se mezclan en una definición de equipo económico que hoy debe dar prioridad casi exclusiva a las finanzas públicas. Mucho menos, afortunadamente, que si por otro lado no contara con un crédito externo generoso de los organismos multilaterales. Pero simultáneamente, esa prioridad que se concede a las finanzas públicas exige demasiado esfuerzo a la conducción monetaria y la distrae de sus funciones naturales –preservar la estabilidad de precios y cambiaria o de reservas internacionales sin interferir en el crecimiento económico-. Todo esto no es de ninguna manera achacable a la administración económica actual, ni siquiera a la administración económica anterior de este gobierno. Pero de todas maneras es una situación que debe cambiar en el futuro aunque no será fácil que ello ocurra rápidamente. Devolver a las instituciones indicadas a sus funciones naturales demandará mucho tiempo, sobre todo considerando que no se ha hecho todavía por los responsables políticos, en particular por aquellos que promovieron en 1989 la reforma constitucional de la seguridad social, un análisis ni siquiera superficial, sobre sus resultados y sobre las implicaciones y limitaciones que ha traído sobre el manejo fiscal –el de los tributos, el de los gastos y también el del endeudamiento-. Sobre los efectos que ha tenido sobre la tasa de inversión del país y, monetariamente hablando, sobre la inflación y el tipo de cambio.

El 2004 electoral
Desde comienzos de este año, e incluso desde antes, la lucha electoral se ha planteado entre los “buenos” y los “malos”. Los “buenos” son aquellos que han sugerido desde hace ya bastante tiempo, reducciones de tributos, en particular el Impuesto a las Retribuciones Personales y aumentos en el gasto público. Para muchos que lo consideran reactivante, el incremento del gasto fiscal financiado con reservas internacionales del Banco Central –que me apuro a decirlo no las tiene propias-, en particular en inversión pública “reproductiva”, ha sido la mejor sugerencia, la fundamental para un plan de emergencia de apoyo a la actividad y al empleo. Paradójicamente son esos muchos los que se oponen a los programas de concesión de obra pública a operadores privados. Éstos aportarían recursos propios adicionales a los que se invierten hoy en el país, con el costo consiguiente y justo para los usuarios de esas obras, el que se transformará a su tiempo en el repago posterior al inversor, incluída la ganancia obvia para quienes arriesguen sus recursos. Los “malos” -mejor dicho los “pocos malos”- son el Ministro de Economía, el Banco Central y todo aquel que vele no solamente por el futuro de estabilidad cambiaria del país sino también, por evitar el mayor endeudamiento del sector público. Ese endeudamiento creciente que todos critican pero sobre el que se resisten a reconocer que el origen es la consecuencia de decisiones colectivas promovidas masivamente, muchas veces por ellos mismos, a partir de la deformación de la información. El 2004 es un año electoral. Todos o muchos de los “no” que ha dicho la hasta ahora la administración económica y que le han generado a sus miembros la calificación de “malos” deberían, por regla histórica y de la costumbre en cada año de elecciones, reversarse y transformarse en un “sí” que podría ser calificado de tardío a la vez que de oportunista y electoralista. Un “sí” que pondría a la administración entrante en una situación difícil, incómoda y defraudatoria de las esperanzas de los uruguayos. El “sí” que sería un pasaporte a la conocida causalidad entre ajuste fiscal, inestabilidad, recesión, desempleo y caída del poder de compra de los asalariados, en particular del de los trabajadores del sector privado. Sin embargo, al menos por el momento, a poco menos de 100 días de las elecciones nacionales, los aumentos del gasto fiscal reactivante o de retorno electoral desfasado que se proponen no surgen por mandato de la historia o de las jerarquías superiores, de Colonia y Paraguay. Surgen desde otros orígenes: surgen desde el Parlamento Nacional. Es cierto que las dos rebajas del Impuesto a las Retribuciones Personales fue una concesión del Ministerio de Economía a distintos sectores políticos que la reclamaban y que siguen reclamando bajas adicionales. En realidad fue un compromiso previamente asumido cuando se impuso el aumento en períodos difíciles. Pero no menos cierto y desconcertante es que desde el propio Parlamento Nacional, conocedor más que nadie de las dificultades financieras del Estado, de los compromisos que hay en la actualidad para no perder las únicas fuentes de financiamiento que tiene el país hoy –los fondos que prestan los organismos multilaterales de crédito-, se propongan medidas legales o se sugieran acciones administrativas que amenacen la estabilidad no ya en el año entrante, sino la de este mismo año. Primero ha sido la propuesta de conceder aumentos a todos los pasivos en un monto similar que ante el rechazo del “malo” de Colonia y Paraguay fue rápidamente cambiada por la de un aumento selectivo a las pasividades menores, también rechazada por la “insensibilidad del malo”. Ahora es la flagrante violación de la normativa vigente que ocurriría de aprobarse legislativamente, con el respaldo de todos los partidos políticos –incluídos los legisladores que se rasgan las vestiduras por tener pruebas de admisión a la administración como forma de superar el clientelismo-, la incorporación de los funcionarios contratados, pasantes y otros, no a la nómina de los funcionarios normales del sector público sino con los mismos beneficios pero con el rango de “contratados permanentes”. Nuevamente es quien por historia electoral debería alegremente decir hoy “sí”, quien dice “no”, un indudable cambio de rumbo en lo que hasta ahora era la práctica y costumbre en año de elecciones. En nuestro país, las irresponasables propuestas hechas en el pasado, las que tanta inestabilidad y decadencia nos han traído no han sido luego de sus desastrosos resultados, evaluadas para reverlas o corregirlas. Y nos han puesto en un brete fiscal que ahora incluso, se busca empeorar. Hace algunos años en el Brasil se incorporaron a la Constitución reformas como la de destinar determinado porcentaje de los ingresos fiscales o del PBI, a gasto público en ciertos sectores –educación y salud, por ejemplo-. Hoy el Ministro de Economía ese país, el Dr. Antonio Palocci, enfrentado a las dificultades fiscales que ve para su gobierno, brega por iniciar una tercera etapa de reformas –la primera fue la reforma previsional y la segunda la fiscal- que incluirán la eliminación de tales normas constitucionales. Intenta con ello reducir los efectos desfavorables sobre las finanzas públicas de aquellas propuestas que otrora se resolvieran favorablemente. Esa decisión de evaluar el pasado, de autocrítica y de dar vuelta los resultados que muestran luego de un tiempo, las malas decisiones, se debe valorar e imitar. Mientras ello no ocurra, habrá vía libre para seguir por el camino de las propuestas irresponsables, interesadas y de transferencias de ingresos injustificadas. Lo que es peor, se continuará ratificando la costumbre de los ajustes fiscales. Simultáneamente, continuaremos también repetida y machaconamente, preguntándonos por qué no hay mayor inversión en el Uruguay.
Por:Jorge Caumont
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