17-06
HACIA LOS CONSEJOS DE SALARIOS
Si hay algo que esperar para el 2005 en materia tributaria y en materia laboral es la aprobación legislativa de dos medidas de importancia económica que afectarán a la inversión en el país: el impuestos a la renta de las personas físicas y la reimplantación de los Consejos de Salarios, un caso particular de las denominadas convenciones colectivas. Así lo prometen, o al menos no lo niegan, candidatos a legisladores que según anticipan las encuestas hoy disponibles, tendrán mayoría de legisladores en el Parlamento que se inaugurará el año entrante. El impuesto a la renta personal, rémora de lo propuesto por Marx y Engels en el segundo punto de los diez del programa del Manifiesto Comunista, y tema solamente menor en importancia entonces al de la abolición de la propiedad privada de la tierra, es impulsado bajo el justificativo que “quien más gana, más debe pagar”. Esa mayor contribución es tanto para el sostenimiento del sector público que desarrolla funciones básicas –aunque también para financiar a un Estado que lleva adelante otras enteramente prescindibles-, como para transferir a quienes menos tienen, aunque las transferencias que hoy se realizan como también las que vendrán y por las que se aboga, tampoco llegarán enteramente al beneficiario escogido. El “balde de las transferencias” tiene por lo general, muchos agujeros por los que se pierden antes de llegar ellas a sus destinatarios deseados. Las convenciones colectivas o los Consejos de Salarios, propuestas como soluciones teóricas para la mejor defensa de los trabajadores, aunque casi nunca probadas en una realidad que no sea una -difícil de verificar en la experiencia-, de demanda monopsónica por servicios del trabajo, vuelven también a estar en el discurso de varios candidatos con aspiraciones en esta larga disputa por las primarias presidenciales en camino a las generales de octubre y, tal vez, de noviembre.

Proposiciones atrayentes
Es indudable que ambas propuestas son sumamente atrayentes para una mayoría de electores. Pero también es indisimulable que son planteos que hacen predominar al supuesto de equidad distributiva sobre el objetivo más necesario en una economía como la uruguaya de hoy, abierta al mundo y en franca competencia con países más poderosos y de mayor productividad, que es el de la eficiencia económica. Poca importancia dan los competidores políticos a la eficiencia. Mucha, tal vez toda la importancia le dan ellos, en las circunstancias actuales, en su carrera para mantener o alcanzar puestos directivos de alta satisfacción personal, a la promesa de una mejor distribución del ingreso. Ninguno de los proponentes de la redistribución se plantea la regla económica básica que la promoción de la equidad distributiva se debe realizar hasta el punto en el que los beneficios que se agregan por medidas para lograr una mayor equidad sean idénticos –y no mayores- a los costos que implica una mayor ineficiencia productiva. En los términos en los que hoy se plantean las medidas, la equidad se pretende sin importar los costos que agrega a la ineficiencia, admitiéndose erróneamente que ese costo no es relevante. El costo puede llegar a ser tan grande, sin embargo, que puede volverse en contra de lo que se desea. Puede llevar a una inequidad mayor por los efectos que las propuestas tienen sobre la asignación de recursos, sobre la inversión y, en definitiva, sobre el ingreso global a repartir. Es algo sobre lo que todos deberíamos estar advertidos. No obstante, nada se aclara en las campañas de los proponentes y ello suena muy bien para mucha gente. En el pasado hay ejemplos de semejante olvido. Cuando conjuntamente con las elecciones de 1989 se votó la reforma constitucional para el ajuste de pasividades, tan solo una tibia y minoritaria oposición alertó sobre las consecuencias que traería la norma plebiscitada luego favorablemente. Una norma cuya aplicación no sacó a la mayoría de los pasivos, como se decía que ocurriría, de las penurias asociadas a sus bajos ingresos. Una norma que, por otro lado, puede decirse sin temor a equivocaciones, fue en gran medida responsable del gran endeudamiento que tiene hoy nuestro país. ¿O acaso no ha sido ella causa importante –no la única por supuesto– de los déficits del gobierno central que han debido financiarse con endeudamiento público? El principal deudor de las AFAP es el Estado y gran parte de las deudas contraídas por éste se han debido a la necesidad de financiar los déficts anuales provocados por la necesidad de pagar lo estipulado constitucionalmente. Como también ocurriría si, en ese rapto de bondad política, se aceptara por el Ministerio de Economía ahora, lo que se propone por la Cámara de Diputados: conceder partidas para las pasividades en general o para las menores de cierto monto. La propuesta tiene, sin dudas, un gran “tufillo” demagógico, electoralista. Muchas veces, la mayoría de ellas, cuando desde el sistema político o desde parte de él, se proponen soluciones que tienden a mejorar la posición de ingresos de ciertos destinatarios en detrimento de otros –eso es lo que implica la redistribución de ingresos-, los resultados son los opuestos. Los que muchas veces abogan por mejorar a determinados grupos y olvidan los costos que ello trae aparejado, generalmente terminan perjudicando a muchas más personas incluyendo además, a quienes buscan favorecer.

Voluntad y mercado
En otra oportunidad podremos ocuparnos del impuesto a la renta personal para ir a un análisis más allá del consabido y retórico inconveniente de su reglamentación y supervisión para que realmente sea cobrable en la medida que corresponda. Hoy es interesante volvernos una vez más, sobre el tema de la otra propuesta, la de la reimplantación de las convenciones colectivas. Y para ello es natural plantearnos cual es un salario justo, tanto para los trabajadores como para los empresarios, que son en definitiva quienes pueden o no pagar lo que se establezca en las reuniones colectivas que se pretenden. Es puro voluntarismo plantear ajustes salariales de acuerdo con la inflación pasada de modo de preservar el poder adquisitivo de los salarios. En algunos casos podría darse y el mercado se encargará de que así sea. En otros, es imposible que ello ocurra y, peor aún, es inconveniente pues puede llevar a un desempleo mayor. El salario no es otra cosa que el valor de la productividad marginal del trabajador. No puede económicamente hablando, ser diferente a la contribución al valor de mercado, que tiene lo que el trabajador produce. El salario justo debe ser aquél refleje la productividad marginal del trabajo valuado a precios de mercado del o de los productos que el trabajador contribuye a producir. En la medida en que se fije por encima de ese valor, o porque el costo de vida subió más que los precios de los bienes que el trabajo contribuye o porque la productividad desciende respecto a una anterior, la empresa se ve desestimulada a contratar ese personal pues estaría agregando a sus costos un monto mayor que el que puede agregar a sus ingresos por el o los productos que vende. Y se estaría de ese modo, contribuyendo a un mayor desempleo. En las convenciones colectivas se tratará de igual forma a los trabajadores de todas las empresas de un ramo o de un sector. No importará la realidad de la firma que deberá enfrentar el pago de los salarios pactados. No se considerará cual es su mercado y la posibilidad de recuperar el mayor salario en mayores precios o en mayores ventas: si es productora para el mercado local o para el exterior adónde es tomadora de precios. Tampoco si es una empresa con un stock de capital alto o si por el contrario es una empresa menos intensiva en capital por baja inversión o por cualquier otra razón y a la que se le estaría en consecuencia afectando la retribución a esa inversión. Los consejos de salarios serían adecuados si hubiera en el mercado un poder monopsónico de las firmas que contratan y explotan a los servicios del trabajo al lograr por su posición dominante, realizar pagos por esos servicios menores a los que corresponden en una situación de competencia, en una situación de retribución de acuerdo con la productividad marginal del trabajo. Este no es el caso de nuestro país. El trabajador no tiene una única posibilidad para ofrecer sus servicios, un único lugar adonde suministrarlo, no enfrenta a un solo demandante o a un grupo pequeño de ellos demandando sus servicios. No hay en el mercado, en la actualidad, excepto tal vez en algún caso muy especial, un único demandante de sus servicios que ofrezca una remuneración menor a la de la productividad del trabajo. Si así se entendiera, entonces se podría cambiar de empleo y evitar la explotación. Por ello es que los consejos de salarios pueden resultar inconvenientes en la medida en que el poder sindical predomine sobre los negociadores de la otra parte. Si ello fuera así, es de reiterar, y los salarios se fijasen de acuerdo con lineamientos diversos a los que tolera la empresa particular que ocupa trabajadores, entonces, en el corto o en el mediano plazo, el resultado no va a ser un salario mayor –como se podría pensar-, sino un desempleo mayor. La eficiencia productiva requiere otro tipo de negociación. Aquella que culmina en el salario justo económicamente hablando tanto para el trabajador como para el empresario. Y ese salario justo es el que se asocia a la productividad del trabajador valuada a los precios de venta del producto final que contribuyen a elaborar. Por ello es que es más adecuado, tanto para los trabajadores como para los empresarios y para la sociedad en su conjunto, que las negociaciones se realicen a nivel de empresa y no involucrando a todo un sector, heterogéneos por mercado, por inversiones o por otras cosas por el estilo. Para compensar la pobreza, para atender las necesidades mínimas de la población, las medidas deben ser de naturaleza diferente y, sobre todo, evitar con ellas, que se alcance favoreciendo, a quienes no son merecedores de la compensación. Es en estos casos en los que habitualmente se contemplan los dos efectos contrarios que genera la redistribución de ingresos, la equidad y la eficiencia.
Por:Jorge Caumont
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