03-06
LA DEUDA PÚBLICA SE ADMINISTRA, NO SE PAGA
Nunca quien tiene intenciones de pagar sus obligaciones puede decir públicamente que lo va a hacer con condiciones antes de negociarlas con sus acreedores. Menos aún permitir manifestaciones de sus aliados que son expresamente renuentes a hacerlo o directamente decir que se pagará previo uso de recursos para evitar “el hambre de la gente”. Ya es famosa la frase del presidente argentino Avellaneda cuando hacia la última parte del siglo XIX dijo lo contrario, que la deuda pública se pagaría con el “sudor y la sangre de los argentinos”. La respuesta que obtuvo fue impresionante: por decir que la iba a pagar, no la tuvo que pagar sino administrar.

Vencimientos 2003/4
La deuda pública uruguaya según lo ha informado el Banco Central en su sitio de la red www.bcu.gub.uy alcanzaba al 31 de diciembre de 2003 a 12.444 millones de dólares, alrededor del 10% más de la producción anual de bienes y servicios del país. Visto de ese modo, el monto de la deuda pública asusta. El susto se extiende cuando se consideran adicionalmente aspectos tales como el monto en moneda extranjera que aportan las exportaciones de bienes y servicios –que suministran las divisas para las importaciones y eventualmente para el pago-; o como el de las reservas internacionales del Banco Central –en el orden de los 2200 MM de dólares y no todas propiedad de la autoridad monetaria- o aún, los resultados financieros antes de los desembolsos requeridos anualmente, del sector público global, que es quien tiene que pagar las obligaciones indicadas. La deuda aparece, a primera vista, impagable. Si el sector público uruguayo debiera pagar “toda” la deuda de inmediato, obviamente no podría. Pero la deuda no vence toda instantáneamente sino que su pago se distribuye en muchos años. Durante alguno de ellos, en particular en los más cercanos, los montos a cancelar siguen siendo impresionantes pero menores y aunque no le sacan la gran entidad que tiene el tema, baja algo el dramatismo de la situación si existiese la voluntad general de nuestros políticos de introducir cambios saludables en el funcionamiento del sector público. La gran interrogante que se plantea es si es ineludible pensar que habrá realmente que pagarlos. ¿No habrá una alternativa al pago manteniendo los cumplimientos? Como habitualmente ocurre cuando las desproporciones son tan grandes como las indicadas, lo que se debe hacer es lo que habitualmente se hace en estos casos: “administrar la deuda”. Es ésa una forma elegante de decir que lo que el gobierno de turno debe tener es un programa financiero sano para el sector público –evitar los déficits de caja-, emplear ingeniosas “ingenierías financieras” –que incluyan refinanciaciones creíbles, canjes adecuados, emisiones oportunas para sustituir una deuda por otra y cosas por el estilo-. Un ejemplo reciente es, precisamente el que se ha venido observando desde hace ya algo más de un año desde que culminara la reprogramación de la deuda en bonos y que ha dado tan buen resultado no solamente para los deudores sino, incluso, también para los acreedores involucrados. En 2003 se pudo cumplir con las obligaciones del sector público apelando a la reprogramación de bonos y a una administración que contó con los elementos ya indicados –nuevas emisiones, swaps de deuda pública en moneda extranjera por deuda pública en moneda nacional en unidades indexadas, repagos de deudores privados con bancos oficiales con títulos públicos, etc.-. En 2004 los vencimientos según el mismo informe del Banco Central alcanzan a 1327 millones de dólares y han sido y serán los que restan, pagados puntualmente apelando a una administración con las características anotadas. En realidad los vencimientos de este año son mayores pero igualmente pagables, de acuerdo con la estructura presentada en la información del sitio de la autoridad monetaria en la red.

Vencimientos 2005
Quien tenga a su cargo la administración de gobierno a partir de marzo del año entrante, tendrá entre otras cosas, que enfrentar pagos de deuda pública por 1390 millones de dólares, casi la misma cifra que la que sin alharacas se cumplirá este año de acuerdo con los vencimientos previstos al ingresar en el corriente año. Simple, sencillo, en 2004, se ha administrado la deuda, el endeudamiento no ha bajado ni bajará significativamente, pero se ha cumplido con las obligaciones. En 2005 los vencimientos con tenedores de títulos públicos serán por 90 millones de dólares que seguramente aumentarán por el roll over de la deuda por Letras de Tesorería en moneda extranjera que se viene llevando a cabo en el año en curso, como parte de esa administración de los pasivos del sector público. Por otra parte, hay vencimientos con organismos multilaterales de crédito por 1202 millones de dólares y otros vencimientos que tienen prácticamente, una renovación automática. Aunque será nuevamente un año difícil por esos compromisos financieros, de todos modos esos pasivos que se harán exigibles pueden administrarse como se ha hecho hasta ahora. Bastaría contar para presentar a los acreedores, con una buena conducción económica y financiera del Estado que se debiera reflejar en programas económicos y financieros saludables, no disparatados ni que reflejen la voluntad de lograr algo sin los recursos para ello. Creer por ejemplo en subas salariales o de pasividades de adecuación de ingresos de funcionarios públicos y pasivos a lo que fueron en otro momento es impensable. A lo sumo sería rescatable una propuesta microeconómica de ajustes en la estructura de ingresos de funcionarios y pasivos tal vez por razones de equidad. Aumentar las inversiones públicas significativamente porque den trabajo y contribuyan a bajar el desempleo también es impensable con fondos públicos porque nos llevaría a una situación de tan baja credibilidad que sus efectos no llegarían ni siquiera, a ser fugaces. En 2005, con un buen programa económico del nuevo gobierno, preservando el respeto de los contratos públicos y privados como se pregona en este momento electoral por algunos pre candidatos presidenciales, y con la humildad suficiente y el realismo para reconocer que el sector público no puede seguir siendo lo que hoy es y que debe ser más eficaz y eficiente en la provisión de los servicios básicos para los que la sociedad contribuye tributariamente, la administración de la deuda será relativamente más sencilla. No provocará los tremendos choques adversos que ha generado tanto en Uruguay en algunos momentos como en la actualidad en países cercanos y lejanos, la incertidumbre sobre el pago y las amenazas de no cumplimiento. ¿Es posible reprogramar la deuda por préstamos de organismos multilaterales de crédito? Nadie ha dicho que no, ni siquiera los propios acreedores a juzgar por experiencias propias, en nuestro país incluso en este año, y en otros no alejados. Este año ya se ha podido “tirar para adelante” algunos de esos vencimientos en momentos en que por otro lado, la condena airada de la deuda desde ciertos rincones políticos se hace y pasa por alto esa forma de factible de administración. Ante los referidos vencimientos a los organismos multilaterales de crédito se les puede acercar con la humildad que requiere el caso y plantear el alivio para un desahogo financiero que debe ser obviamente consistente, coherente y que puede reconocer e incorporar buena parte de los aspectos sociales por los que hoy se clama. Pero lo que no es coherente, consistente y que ni siquiera aliviaría los aspectos sociales que se desean superar paulatinamente, es mantener simultáneamente una estructura estatal que como dijo Carlos Sténeri en su última columna en Economía y Mercado, atenta formidablemente contra la productividad global de la economía y hace prácticamente imposible su marcha ascendente. Un programa saludable, creíble y de sano manejo de los resultados de la gestión pública será bienvenido por los acreedores que no tendrán inconveniente en acompañarlo dando las facilidades necesarias para el cumplimiento en momentos futuros. Pero ese programa debe incluir lo que tantos, desde tantos rincones del espectro político han advertido: la necesidad de precisar las verdaderas funciones que debe cumplir el Estado en la sociedad y dejar para el mercado las que no son socialmente imprescindibles. En un país chico como el nuestro un Estado que maneje las telecomunicaciones básicas, que produzca la energía y los combustibles que precisa, que tenga inamovilidad funcional, que repita en varias oficinas públicas funciones inocuas pero que son de bajo beneficio para la sociedad y de alto costo para ella, que sea lento y desestimule a la inversión, que se entrometa con regulaciones que entorpezcan las relaciones pecuniarias entre trabajadores y empresarios, solo por mencionar algunas actividades que no deben ser conducidas con la indolencia pública, no refleja otra cosa que lujos que se puede dar la miseria. La deuda no es pagable, pero sí, desde todo punto de vista, es administrable. Los resultados por proceder de ese modo serán, como lo muestran casos como el de México, el de Rusia y otros, incalculablemente favorables.
Por:Jorge Caumont
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